A nueve días de la ausencia de la hija de Gabriela Salazar, y tras la emisión de una alerta Amber el 1 de octubre, la diputada local Lucero Deosdady Martínez López sugirió al Tribunal de Disciplina Judicial remover a la jueza Roxana Ibarra Canul, debido a que su mala actuación permitió que el padre se llevara a la niña sin el consentimiento de la madre.
Contexto y responsabilidades
La justicia federal había restituido la patria potestad a la madre, pero la jueza del Cuarto Juzgado de lo Familiar en Altamira entregó la niña al padre, quien aprovechó ese fallo para desaparecer con la menor.
Martínez López manifestó confianza en el nuevo Poder Judicial y espera que el Tribunal de Disciplina Judicial dé el seguimiento correspondiente.
“Podría incluso tener una sanción de ser removida, porque eso se contempla en la ley, esperaremos y ojalá que la gente se atreva a presentar su caso ante el nuevo Tribunal de Justicia,” afirmó.
Denuncias y marco normativo
La diputada detalló que ha recibido unas ocho denuncias sobre presuntas irregularidades en juicios de patria potestad en Tamaulipas, donde por el marco legal actual no se tipifica como secuestro sino como sustracción, porque es uno de los padres quien se lleva al menor.
“Mi obligación es escuchar las voces de quienes me contactan. No tengo pruebas más que sus palabras, pero actuamos de buena fe y se deben hacer investigaciones,” señaló, mencionando que han llegado varias denuncias relacionadas, sin que el tema sea exclusivamente de género.
Avances legislativos y confianza en el Poder Judicial
Martínez López adelantó que se está revisando el marco normativo para evitar estos casos, luego de que a nivel federal ya se modificó el Código de Procedimientos e incluyó situaciones de pruebas anticipadas para resguardar la seguridad de los menores.
“Este cambio apenas va a entrar en vigor, pero buscamos fortalecerlo con legislaciones adicionales. Tenemos confianza en que el Poder Judicial actuará bien, tanto en Tamaulipas como a nivel federal,” concluyó.