La nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada recientemente, es considerada por el sector agrícola de Tamaulipas como el principio de una extinción de derechos. La ley, que pretende estatizar el agua, elimina la posibilidad de que las concesiones de riego puedan ser transferidas entre privados, por lo que, cuando muera el concesionario, el derecho al agua no pasará a sus hijos o nietos, sino que volverá a manos del Estado.
Rosalío Vega Alanís, tesorero de módulo en el Distrito de Riego 026 (Bajo Río San Juan), advirtió que esta medida da un golpe mortal al patrimonio familiar rural y desmotiva la inversión a largo plazo.
“La reforma a la ley de aguas nacionales no es otra cosa que quitarles lo que tienen algunos productores y ya no podrán heredar esas concesiones a otros familiares, ese es el principal impacto que tendrá la gente del campo”, sentenció el líder agrícola.
Riesgo Alimentario y Económico El nuevo paradigma, en el que el agua deja de ser una mercancía para convertirse en un bien de control estatal, tiene implicaciones productivas. De acuerdo con Vega Alanís, la burocratización y el riesgo de perder el acceso al riego harán que la producción de granos básicos, vital para la economía regional, retroceda a niveles históricos.
“Porque además de representar un retroceso y un agravio a quienes por años han tenido concesiones, la aprobación a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ocasionará que la producción de granos, como sorgo y maíz se venga abajo”, explicó.
La "Tormenta Perfecta" El productor describió un escenario de asfixia para el campo. A la nueva legislación se suman problemas añejos como la falta de créditos, los bajos precios de comercialización y la crisis de rentabilidad.
Para el entrevistado, la política actual parece diseñada para debilitar al sector privado agrícola: “Yo creo que entre más pasa, más se nos está apretando el calcetín y nos están obligando a no producir…es necesario replantear la situación, porque hay un gran número de productos inconformes, porque con esta reforma desaparece la figura de transmisión de derechos de agua, lo que significa que ya no se podrán heredar, ceder los derechos de agua”.
Finalmente, Vega Alanís advirtió sobre la cláusula de caducidad generacional: “Quienes tienen una concesión de agua, le será retirada cuando se muera el titular y ya no se pueda ceder a los hijos, nietos o bisnietos para que de esa forma pueda seguir haciendo productiva la tierra”.