Salir a carretera hacia el centro y sur del país es una actividad de alto riesgo para los propietarios de vehículos regularizados bajo decreto federal. La Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPPAFA) activó las alarmas tras registrar una ola de operativos violentos en estados como San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
Jesús Manuel Zúñiga Maldonado, coordinador de ONAPPAFA en Tamaulipas, informó números alarmantes: en estos meses se han registrado 30 decomisos y créditos fiscales (multas) de hasta 500 mil pesos porque dicen que no pueden circular, aunque tengan chip del Repuve y placas tamaulipecas.
"El problema es que dichos estados se rehúsan a emplacar tales vehículos, obligando a portar placas de Tamaulipas, lo que los hace identificables ante Guardia Nacional y tránsitos locales".
“Está situación los convierte en blanco de los operativos, pese a que han cubierto las cuotas y trámites requeridos por la autoridad federal”, explicó el dirigente.
Abuso de poder e incomunicación. El modus operandi denunciado incluye intimidación. Según las denuncias, "las detenciones las hacen sin base legal y que, en los procedimientos, los agentes les impiden toda comunicación con familiares o abogados, aumentando su indefensión".
Pero, aclaró Zúñiga Maldonado, hay una defensa legal fuerte. "Criterio Jurisdiccional 30/2025, un precedente administrativo en materia aduanera que explícitamente declara ilegal el embargo precautorio de vehículos regularizados por decreto".
“Por eso es importante que se asesoren, se informen y no sean víctimas de alguna medida de embargo o decomiso, que sería ilegal por el criterio jurisdiccional aprobado por instancias jurisdiccionales”, subrayó.
Ante el aguinaldo, que detona en diciembre la compra-venta de autos, la organización exhortó: "No compre problemas".
“Aunque existe un criterio jurisdiccional, la Organización, recomienda a los compradores de vehículos susceptibles de regularización revisar las fechas que vienen en el título americano”, advirtió Zúñiga, instando a verificar el estatus en el Repuve antes de soltar dinero, para evitar que el patrimonio familiar termine en un corralón foráneo.