El Congreso de Tamaulipas ha puesto bajo la lupa un problema que consume los recursos de seguridad estatal: las movilizaciones policiacas que se activan ante denuncias de desaparición que resultan ser ausencias voluntarias o conflictos familiares. Ante esto, se plantea sancionar legalmente a quien realice estos falsos avisos.
Marco Antonio Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, alertó que el despliegue de operativos para asuntos que no son delitos reales tiene un costo muy elevado, no sólo económico, sino social, porque se dejan de atender a quienes realmente lo necesitan.
El legislador recalcó que la prioridad es respaldar a los grupos que por años buscan a sus familiares.
“Mira, si es algo que se tiene que analizar, obviamente porque hay dos cosas fundamentales, la lucha y el esfuerzo que realizan por ejemplo las madres buscadoras, los colectivos para apoyar a personas que desgraciadamente están desaparecidos”, argumentó.
Pero la práctica enfrenta siempre el mismo fenómeno: protestas y bloqueos para exigir la presentación de personas que muchas veces no fueron víctimas de la delincuencia.
“Y es que también a veces se manifiestan en la vía pública los familiares de los “desaparecidos” que al final de cuentas, se fueron del hogar o bien, con el novio o la pareja, es muy común también esa situación”, explicó el diputado.
El rol de la psicosis digital Otro aspecto fundamental es cómo se comparte información en las redes sociales. Gallegos Galván reprochó la ligereza de viralizar alertas sin confirmar y, peor aún, el silencio cuando la persona aparece sana y salva, dejando la incertidumbre flotando sin aclarar que se trató de un asunto personal.
“Si se han detectado ya y se han reportado a través del estado varios casos y luego se hace mucha cobertura de redes sociales, de medios de comunicación que es positivo, pero luego no se le da el seguimiento o de avisar cuando apareció la persona y no tenía ningún problema, ni había sucedido nada que lamentar afortunadamente”, lamentó.
Finalmente, la apelación desde el Legislativo es a la conciencia ciudadana. "La idea de una posible regulación no es impedir la denuncia, sino que por ir a buscar a alguien que no está en peligro se deje desprotegida a la ciudadanía en otro lugar".
“...y que esto puede traer otras consecuencias, como descuidar los elementos de seguridad, áreas donde tengan que estar, por estar buscando a una persona que realmente no estaba desaparecida, sino que tenía otras circunstancias”, concluyó.