Para acabar con prácticas antiguas como la doble venta de terrenos o la usurpación de identidad, el notariado tamaulipeco está por terminar un proceso estricto de certificación que implica nuevas identificaciones obligatorias y la propuesta de usar datos biométricos en cada gestión.
Raúl Enrique Padilla García, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Tamaulipas, dijo que el programa de credencialización ya está por encima del 95 por ciento.
"Esto implica que la mayoría de los 300 fedatarios que ejercen en la institución estarán en condiciones de cumplir con la obligatoriedad de portar este documento a partir del año 2026".
La norma viene a acabar con la inseguridad jurídica en los actos fuera de la oficina. De acuerdo con el líder sindical, el propósito es defender el patrimonio de los tamaulipecos:
“Los Notarios Públicos serán identificados a partir del próximo año…esta medida busca evitar casos de usurpación de identidad y doble venta de inmuebles, problemas que han afectado a cientos de familias en la entidad”, sentenció Padilla García.
Candados y Biometría: El nuevo estándar
El blindaje no es solo una identificación plástica. La estrategia implica colocar candados de seguridad en las credenciales y en el papel oficial (hojas de testimonio) que se usa en todo el estado, lo que hará muy difícil su falsificación.
"Esta medida no solo da certeza y seguridad a la labor notarial, sino que también protege a los ciudadanos que confian en estos servicios", afirmó el entrevistado.
En este ambiente de modernización, el Colegio apoyó la reforma a la Ley del Notariado (presentada en septiembre por la diputada Lucero Deosdady Martínez), yendo más allá: plantea el uso de huellas dactilares y reconocimiento facial para identificar a los firmantes.
Sanciones y Antecedentes
La necesidad de estas medidas se debe a un pasado de maltrato que se quiere superar.
Padilla García admitió que había agujeros negros en la ley que permitieron la colusión de fedatarios con el crimen organizado, recordando como antecedente negro el caso de 2018 en Reynosa, donde siete notarios fueron acusados de falsificación, pero solo tres fueron detenidos.
Para que esto no vuelva a ocurrir, la nueva ley establece sanciones de hasta 500 veces la UMA (50 mil pesos) para quien viole los nuevos protocolos de seguridad.