La política de cero tolerancia a la ineficiencia judicial ya tiene su primera víctima visible con la destitución de Roxana Ibarra Canul, Jueza Tercera de lo Familiar en Tampico, suspendida provisionalmente en tanto se resuelve su situación jurídica.
Y este es apenas un caso de toda una revisión que tiene bajo la lupa a 35 servidores públicos, confirmó Tania Gisela Contreras López, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas.
Investigaciones por mora y manipulación
La presidenta del Poder Judicial precisó que el Tribunal de Disciplina Judicial tiene bajo la lupa no solo a jueces, sino también a secretarios, oficiales administrativos y personal de salas, que enfrentan denuncias graves.
Las causas que dan origen a estas investigaciones son la mora judicial (retrasos injustificados) y la manipulación de expedientes.
“Se han abierto expedientes e iniciado investigaciones sobre irregularidades en el desempeño de sus funciones…cinco denuncias se han recibido de octubre -cuando inició el nuevo PJE- a la fecha”, precisó Contreras López, marcando el inicio de esta nueva etapa de fiscalización.
Potestad para destituir funcionarios
"Si bien la administración propugna por la conciliación y el respeto en las audiencias, el tribunal disciplinario tiene toda la potestad para destituir a cualquier funcionario si la falta da para ello", advirtió la jueza.
Con estas acciones, el Poder Judicial pretende eliminar prácticas viciosas y asegurar que la inconformidad ciudadana con las decisiones judiciales o los tiempos de espera sea resuelta con rigor institucional.
Aunque la administración apuesta por la conciliación y el respeto en las audiencias, la Magistrada fue clara al señalar que el órgano disciplinario posee facultades plenas para destituir a cualquier funcionario si la falta lo amerita.
Marco legal y rigor institucional
Sobre el marco legal que ampara estas acciones correctivas, la funcionaria explicó: “La legalidad de la sanción está prevista en el catálogo aplicable, aunque la proporcionalidad será revisada por una instancia superior”.
Con estas acciones, el Poder Judicial pretende eliminar prácticas viciosas y asegurar que la inconformidad ciudadana con las decisiones judiciales o los tiempos de espera sea resuelta con rigor institucional.