La diputada federal Blanca Narro Panameño señaló que la propuesta de reforma electoral en México contempla ajustes significativos en la estructura del Congreso y el presupuesto de los partidos políticos. No obstante, la legisladora por Tamaulipas advirtió que la reducción del financiamiento público debe gestionarse con rigor para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en las campañas.
De acuerdo con la representante del Distrito 6, la iniciativa proyecta una disminución de entre el 40 y 50 por ciento en las prerrogativas de los organismos políticos. Esta medida impactaría directamente en los montos destinados a las actividades de proselitismo de los candidatos durante los procesos electorales.
Riesgos en el financiamiento de campañas
La principal preocupación expresada por Narro Panameño radica en la vulnerabilidad financiera que el recorte podría generar. Al limitar los recursos públicos, los partidos podrían buscar fuentes alternativas que comprometan la integridad de la elección.
"Hay que cuidar la reducción del financiamiento a los partidos, porque se correría el riesgo de que personas dedicadas a actividades ilícitas inyecten recursos; eso requiere una vigilancia extrema", precisó la diputada.
Reestructuración del Congreso: Diputaciones y Senadurías
La reforma también plantea cambios profundos en la representación proporcional. La postura de la legisladora define dos rutas claras para la reducción de legisladores "pluris":
- Senado de la República: Propone la eliminación total de los cargos plurinominales, argumentando que la representación en esta cámara debe corresponder a las entidades federativas y no al número de habitantes.
- Cámara de Diputados: Plantea una reducción del 50 por ciento de las curules plurinominales. Bajo este esquema, el acceso a estos espacios no sería por designación discrecional, sino para los candidatos que hayan obtenido los mejores resultados tras participar activamente en campaña.
El futuro de los OPLEs y la justicia electoral
Una vez que la iniciativa sea presentada formalmente, el Congreso analizará el destino de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), sobre los cuales se ha planteado su posible desaparición. Asimismo, la agenda legislativa contempla la creación de nuevos tipos penales en materia electoral y la integración de propuestas surgidas en foros ciudadanos realizados a inicios de este 2026.
La construcción de esta reforma busca responder a la demanda social de reducir el costo de la democracia, sin embargo, la prioridad legislativa será garantizar que el ahorro presupuestal no degrade la fiscalización y la transparencia de los comicios.