El Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realice una revisión a fondo de los recursos ejercidos en la organización de la Feria de Río Bravo 2025. La medida surge tras una serie de denuncias ciudadanas y cuestionamientos sobre la legalidad de los contratos celebrados para el evento, realizado del 5 al 28 de diciembre.
Contexto de la revisión financiera
La fiscalización se centra en el manejo de los recursos municipales destinados a infraestructura, servicios y espectáculos artísticos. La intervención legislativa fue impulsada por dos factores clave:
- Inconformidades ciudadanas: Reportes de deficiencias en la planeación y afectaciones urbanas derivadas de la logística del evento.
- Crisis presupuestaria: La alerta sobre la situación financiera de Río Bravo aumentó luego de que se hiciera pública una deuda del municipio con la Comapa cercana a los 300 millones de pesos.
Objetivos de la Auditoría Superior
La propuesta, presentada por la diputada Lucero Deosdady Martínez López, busca garantizar la rendición de cuentas sin prejuzgar la gestión del alcalde Miguel Ángel Almaraz. La ASE deberá aplicar criterios técnicos para verificar:
- Legalidad de contratos: Revisión de los procesos de licitación y adjudicación de proveedores.
- Aplicación de recursos: Confirmar que los montos asignados corresponden a los servicios efectivamente prestados.
- Detección de irregularidades: Esclarecer posibles desvíos o incumplimientos que ameriten sanciones administrativas o penales.
Facultad constitucional
El Congreso de Tamaulipas recordó que posee la facultad de vigilar el ejercicio de los recursos municipales. Previamente, el presidente del Legislativo, Humberto Prieto, ya había exhortado a la administración de Río Bravo a priorizar el pago de adeudos básicos antes de incurrir en gastos extraordinarios de difícil comprobación.