La diputada local Lucero Deosdady Martínez López hizo un llamado a la ciudadanía para presentar denuncias formales ante el Tribunal de Disciplina contra jueces que incurran en malas prácticas. El exhorto surge tras documentarse al menos ocho casos de presuntas irregularidades en juicios de patria potestad durante 2025, principalmente en la zona sur de Tamaulipas.
La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso local subrayó que la participación social es determinante para que los mecanismos de control funcionen. Según la legisladora, sin la denuncia ciudadana, el Tribunal de Disciplina carece de las herramientas necesarias para sancionar a quienes vulneran derechos fundamentales en el ejercicio de la justicia.
Endurecimiento de penas contra el fraude procesal
En este contexto, Martínez López respaldó la iniciativa del Poder Judicial que busca incrementar las sanciones para los abogados que presenten información falsa en perjuicio de menores de edad. La propuesta plantea elevar las penas de los seis meses actuales hasta 7 años de prisión.
La legisladora de Morena calificó como insuficientes las medidas vigentes, señalando que el rigor de la ley debe ser proporcional al daño causado a la niñez y a la estabilidad familiar. “No podemos permitir que quienes deben garantizar justicia se conviertan en actores que vulneran derechos fundamentales”, enfatizó.
Vigilancia y sanciones a jueces
La vigilancia sobre el desempeño de los juzgadores se ha intensificado bajo el liderazgo de Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. No obstante, Martínez López insistió en que la supervisión debe ser constante para evitar negligencias en casos sensibles de patria potestad.
Los jueces en México están sujetos a diversas medidas disciplinarias en caso de actuar de forma indebida:
- Amonestación y multas: Por faltas administrativas menores.
- Suspensión: En casos de investigación por desempeño negligente.
- Destitución: Por faltas graves o vulneración sistemática de derechos.
La diputada concluyó que la transparencia en los procesos judiciales depende de una ciudadanía activa que denuncie y un Tribunal de Disciplina que trabaje con celeridad. La revisión de expedientes específicos, particularmente de una jueza en el sur del estado, permanece como una de las prioridades en la agenda de supervisión legislativa para este 2026.