La diputada federal por Tamaulipas, Blanca Narro Panameño, afirmó que el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil es una medida determinante para reducir los índices de extorsión en el país. Pese a los recientes reportes sobre vulnerabilidades en la seguridad de los sistemas, la legisladora sostuvo que vincular cada línea con un usuario “real y verificable” es esencial para eliminar el anonimato utilizado por la delincuencia organizada.
Narro Panameño, impulsora de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, destacó que en México operan actualmente 158 millones de líneas activas. Ante el incremento de fraudes y extorsiones telefónicas, el registro busca establecer una trazabilidad clara para las autoridades de procuración de justicia.
Seguridad de datos y responsabilidad corporativa
Ante las críticas por la posible filtración de información sensible, la legisladora de Morena precisó que el resguardo de los datos personales no recae directamente en el Estado, sino en las empresas de telecomunicaciones. No obstante, subrayó que las autoridades mantendrán facultades de supervisión para garantizar el cumplimiento de los derechos de privacidad.
"Esta medida es un paso necesario", aseguró la representante del Distrito 6 de Tamaulipas. Añadió que el marco legal permite a las autoridades investigar y sancionar cualquier falla comprobada en el manejo de la información por parte de los operadores privados.
Plazos y suspensión de líneas no registradas
El proceso de registro comenzó formalmente el 9 de enero de 2026. Los usuarios deben completar la vinculación de sus datos en un periodo establecido para evitar la interrupción del servicio. Los puntos clave del cronograma son:
- Plazo de cumplimiento: 120 días naturales a partir del inicio del programa.
- Fecha límite estimada: 30 de junio de 2026.
- Sanción por incumplimiento: Suspensión definitiva de las líneas que no cuenten con registro verificado.
La implementación de esta normativa responde a una demanda de seguridad pública, priorizando la identificación de emisores de llamadas ilícitas sobre los riesgos técnicos que, según la legisladora, podrán corregirse mediante la supervisión continua de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y los organismos de seguridad.