Tras el bloqueo realizado por ejidatarios de Santa Librada en el Libramiento Naciones Unidas de Ciudad Victoria, el Gobierno del Estado instaló una mesa de diálogo para actuar como intermediario institucional. El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, precisó que la demanda de indemnización es un asunto de competencia federal que se ventila actualmente en el Tribunal Agrario.
El funcionario aclaró que esta inconformidad no tiene relación con el proyecto de la carretera Rumbo Nuevo, sino que es un reclamo histórico derivado de la construcción original del libramiento en administraciones pasadas.
El conflicto: Indemnización por 5.5 hectáreas
Los manifestantes, encabezados por el comisariado ejidal Óscar Estrada Hernández, exigen el pago de aproximadamente ocho millones de pesos.
- Motivo: El uso de 5.5 hectáreas de tierras ejidales para la infraestructura vial.
- Afectación: El litigio involucra a cerca de 50 familias de la zona.
- Acción: El bloqueo, que duró aproximadamente cuatro horas el pasado martes, fue levantado tras el compromiso de las autoridades de facilitar las gestiones legales.
Mesa de diálogo y ruta jurídica
La Secretaría General de Gobierno encabezará las pláticas para revisar la documentación técnica y legal de los afectados. Cepeda Anaya detalló la participación de las áreas jurídicas:
- Revisión Documental: El equipo jurídico de la Secretaría de Obras Públicas analizará los expedientes para conocer el estatus real del litigio.
- Gestoría Institucional: El Estado ayudará a gestionar el avance del caso ante el Tribunal Agrario para agilizar una resolución.
- Sede: Las reuniones se llevan a cabo formalmente en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno.
“Ya fueron los abogados para platicar con los ejidatarios... vamos a ayudarles a gestionar ante el Tribunal Agrario sus peticiones y resolverlo lo más pronto posible”, afirmó el secretario Cepeda Anaya.
Con esta intervención, el gobierno estatal busca evitar nuevos cierres a la circulación en una de las arterias más importantes de la capital, manteniendo la paz social mientras se resuelve el derecho de vía en las instancias correspondientes.