El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró este lunes que su extradición desde Estados Unidos es jurídicamente inviable debido a la vigencia de diversos mecanismos de defensa. A través de un comunicado en sus redes sociales, el exmandatario panista informó que interpondrá un Recurso de Revisión ante un Tribunal Colegiado de Circuito para apelar la reciente negativa de un amparo contra una orden de aprehensión.
El exfuncionario precisó que esta acción legal busca que la determinación sea revisada bajo parámetros de constitucionalidad y legalidad, manteniendo activa la estrategia jurídica frente a las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Suspensión definitiva detiene proceso de extradición
Para evitar interpretaciones erróneas, Cabeza de Vaca subrayó que cuenta con una suspensión definitiva concedida por una autoridad judicial, la cual impide que sea entregado a las autoridades mexicanas en tanto no exista una sentencia firme.
"Dicha suspensión se mantiene vigente y continúa surtiendo efectos, en tanto no sea modificada o revocada por la autoridad competente", refiere el documento publicado en su cuenta oficial de "X".
Los abogados del exmandatario, quien reside en Estados Unidos desde 2022, negaron que existan avances concretos en la solicitud de extradición, pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó previamente al Juzgado Séptimo de Distrito de Tamaulipas la presentación de dicho trámite ante la Embajada estadounidense.
Contexto de las órdenes de aprehensión
El exgobernador enfrenta acusaciones por presuntos delitos de:
- Delincuencia organizada.
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
- Defraudación fiscal.
Cabeza de Vaca ha reiterado que las dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra (una del 4 de octubre de 2022 y otra del 14 de febrero de 2024) forman parte de una "persecución política" por su rol como opositor al actual Gobierno de México. Con el nuevo recurso legal, la defensa busca prolongar la medida cautelar que le permite permanecer en territorio estadounidense mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo.