El secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, confirmó que en Tamaulipas no existen investigaciones abiertas por presunto mal uso del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, el cual concluyó su vigencia el pasado 31 de diciembre.
Pese a los señalamientos a nivel nacional sobre una presunta red de corrupción e intermediarios en el REPUVE, el funcionario estatal aseguró que la entidad se mantiene al margen de dichas anomalías. En Tamaulipas, el programa logró la regularización de aproximadamente 500 mil unidades, de un total de 3 millones registradas en todo el país.
El conflicto jurídico desde Mexicali
Ramírez González reveló que el Gobierno de Tamaulipas fue vinculado a un amparo expedido por un juez de distrito en Mexicali, Baja California. No obstante, el titular de Finanzas calificó este movimiento como jurídicamente inviable.
"Nos hacía vinculantes posterior a la emisión de su resolución, lo cual no es procedente toda vez que no fuimos la autoridad demandada al inicio del juicio", explicó el secretario. Ante esta situación, la capital ya ha tomado medidas legales:
- Se presentó una queja ante el órgano revisor del Poder Judicial de la Federación.
- Se envió una ficha informativa a la Secretaría de Hacienda para su actuación.
- Se interpuso una denuncia ante el Consejo de la Judicatura.
Estatus del decreto en 2026
Respecto a la posibilidad de una nueva prórroga para quienes no alcanzaron a nacionalizar sus vehículos, el secretario fue enfático al señalar que, hasta este 24 de febrero, no hay noticias sobre una ampliación por parte del Gobierno Federal.
El titular de Finanzas subrayó que el objetivo para el cual fue emitido el decreto se considera cumplido, por lo que la administración estatal se mantiene a la espera de las disposiciones que emanen de la federación. Por ahora, el estado no acatará amparos externos que busquen forzar procesos fuera de la norma establecida.