El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Hugo Reséndez Silva, anunció que presentará recursos legales ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) para combatir la reciente resolución del IETAM. El funcionario señaló que el fallo del órgano electoral careció de debate y transparencia, sugiriendo que la institución podría estar operando bajo la influencia de grupos políticos externos.
Reséndez Silva lamentó que el Instituto Electoral de Tamaulipas se aleje de su función democrática para emitir resoluciones que, según su análisis, parecen seguir una "consigna". La controversia surge tras una votación unánime en el pleno del instituto que se realizó sin discusión previa, un procedimiento que el secretario calificó como inusual frente a precedentes similares.
Origen del conflicto: Notificación en Cabildo
El caso tiene su origen en una sesión de cabildo del año pasado. La sanción del IETAM deriva de una denuncia relacionada con la notificación a una síndica en su centro de trabajo.
Reséndez explicó que el procedimiento se ejecutó en las oficinas municipales debido a la dificultad de localizar a la funcionaria en su domicilio particular por temas familiares. "Ella supo del procedimiento que la ley establece y no objetó nada", puntualizó, insistiendo en que la actuación del Ayuntamiento se apegó estrictamente a la normativa legal.
Falta de debate resta credibilidad al IETAM
Para el funcionario municipal, la rapidez y falta de argumentación en la aprobación del proyecto contra el Ayuntamiento resta legitimidad al proceso.
- Votación en bloque: El fallo se aprobó por unanimidad sin intercambio de posturas entre los consejeros.
- Contradicción de criterios: Reséndez señaló que existen antecedentes donde situaciones idénticas habían resultado favorables para la autoridad municipal.
- Riesgo institucional: El secretario subrayó que el IETAM debe garantizar la participación ciudadana y no generar dudas sobre su alcance y neutralidad.
La defensa jurídica del Ayuntamiento buscará revertir esta sanción ante la instancia judicial estatal, bajo el argumento de que no hubo intención de vulnerar derechos y que el órgano electoral actuó de forma opaca.