El consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Ramos Charre, afirmó que el organismo está dispuesto a revisar y ajustar los tabuladores salariales de sus integrantes ante la inminente Reforma Electoral federal, la cual busca reducir el costo de los comicios en un 25 por ciento.
Ramos Charre reveló que, actualmente, una consejería electoral en la entidad percibe un ingreso mensual bruto de 126 mil 624 pesos. Esta cifra se desglosa en un sueldo base de 46 mil 623 pesos y una compensación de 80 mil pesos, montos que, aseguró, se han mantenido congelados desde el año 2019.
Homologación y límites constitucionales
Ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de estandarizar los salarios en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), el titular del IETAM señaló que el instituto se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 127 Constitucional, el cual establece que ningún funcionario puede ganar más que el Ejecutivo Federal o Estatal.
"Si lo que hoy se busca es la estandarización u homologación, evidentemente se puede avanzar en ello. Hoy las consejerías ganan exactamente lo mismo que percibía un integrante del Consejo General hace siete años", precisó Ramos Charre desde la capital.
Menos consejeros para Tamaulipas
Además de los ajustes salariales, la reforma contempla una reducción en la estructura del Consejo General. En Tamaulipas, se prevé pasar de siete a un máximo de cinco consejeros. Actualmente, el instituto ya opera con dos vacantes, situación que podría resolverse definitivamente con la aprobación de la nueva ley.
Los puntos clave de la reconfiguración incluyen:
- Reducción de integrantes: El tope constitucional para los OPLEs sería de 5 consejeros.
- Austeridad: Meta de ahorro del 25% en el costo operativo de las elecciones.
- Facultad local: Las legislaturas estatales definirán el número final de integrantes bajo los nuevos topes.
El presidente del IETAM concluyó que el organismo se mantiene a la espera del documento oficial que será presentado la próxima semana ante el Congreso de la Unión, para iniciar con la transición administrativa y financiera que exija la normativa en Tamaulipas.