La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas (STJT), Tania Gisela Contreras López, anunció la puesta en marcha de un plan estratégico para agilizar la resolución de expedientes mediante la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El proyecto contempla la habilitación de 31 salas de oralidad y la integración de los notarios públicos como piezas clave en la impartición de justicia.
Aunque el límite constitucional para la transición total es el 1 de abril de 2027, el Poder Judicial del Estado inició desde enero de este año con la creación de una dirección especializada para asegurar que el cambio sea ordenado y eficiente.
Puntos clave de la transición judicial
La reforma busca transformar áreas con alta carga de trabajo, como la materia familiar, bajo los principios de rapidez, transparencia y mediación directa.
- Auxiliares de la Justicia: Se fortalecerá la colaboración con el Colegio de Notarios para que estos puedan resolver asuntos de jurisdicción voluntaria directamente en las notarías, desahogando así la carga de los juzgados.
- Infraestructura: La meta es consolidar 31 salas equipadas para juicios orales, donde el juez tenga una intervención directa y continua en las audiencias.
- Capacitación: Se ha diseñado un programa de formación obligatoria para jueces y notarios, enfocado en el dominio de la oralidad y la modernización de los juicios mercantiles.
Plazos y marco legal
Contreras López puntualizó que, a pesar de que existe una propuesta legislativa a nivel federal para prorrogar el plazo de implementación hasta 2029, Tamaulipas mantiene su plan de ejecución con miras al 2027.
"Estamos en la ejecución de un plan que tiene que ver con la implementación del Código Nacional; es un proceso activo y continuo", afirmó la magistrada, subrayando que la oralidad permitirá reducir significativamente el tiempo de espera para los ciudadanos que enfrentan procesos civiles y familiares.