La diputada local Katalyna Méndez Cepeda anunció que la próxima semana presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para fortalecer el marco jurídico contra los delitos sexuales en perjuicio de menores, buscando reconocer oficialmente el turismo sexual infantil y castigar no solo la producción, sino también el consumo de pornografía.
La propuesta surge tras mesas de trabajo con la Procuraduría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, el DIF Tamaulipas y la FENAM. El objetivo es desarticular las redes de intercambio de contenido mediante el rastreo de movimientos financieros, labor que ya realizan las áreas de ciberseguridad de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.
Victoria concentra mayoría de denuncias
La legisladora advirtió sobre un marcado rezago en la cultura de la denuncia. Según datos oficiales, en los últimos dos años se registraron apenas 35 denuncias por este tema en todo el estado, de las cuales 19 ocurrieron en Ciudad Victoria.
Méndez Cepeda enfatizó que estas cifras no reflejan la magnitud real del problema, por lo que instó a la ciudadanía a reportar cualquier contenido sospechoso detectado en redes sociales o dispositivos móviles.
Claves de la iniciativa de ley
La reforma impactará directamente al Código Penal de Tamaulipas y la Ley de Prostitución, contemplando los siguientes puntos:
- Tipificación del Turismo Sexual Infantil: Reconocimiento del delito en el marco estatal.
- Castigo a la cadena completa: Penas para quienes produzcan, intercambien y consuman material ilícito.
- Agravantes severas: Se aumentarán los castigos cuando el abuso ocurra en entornos familiares, escolares, deportivos, religiosos o contra personas con discapacidad.
Finalmente, la diputada alertó sobre la participación involuntaria de adolescentes que se involucran en estas redes por desconocimiento o intercambio de contenido entre pares. Subrayó que la iniciativa también busca generar conciencia sobre el uso responsable de internet para evitar que menores terminen vinculados a procesos delictivos.
Se exhorta a los padres de familia a supervisar la actividad digital de los menores y utilizar los mecanismos de reporte de la Policía Cibernética ante cualquier conducta sospechosa.