El Poder Judicial del Estado (PJE) inició un proceso de fortalecimiento al salario base para mil trabajadores —el 50% de su plantilla total— que durante más de una década percibieron ingresos por debajo del mínimo legal. La medida, orientada a dignificar la labor judicial, contempla una inversión global superior a los 80 millones de pesos y se ejecutará en dos etapas durante 2026.
Hilda Leal Gutiérrez, presidenta del órgano de administración del Poder Judicial, explicó que el ajuste responde a una disparidad histórica donde aproximadamente mil de los dos mil empleados de la institución percibían únicamente cinco mil 200 pesos mensuales como sueldo base.
Fases del incremento y sectores beneficiados
La primera fase del programa comenzó en enero con la regularización de 460 trabajadores, incluyendo desde intendentes hasta jefes de departamento. El plan proyecta que la totalidad del personal afectado reciba el beneficio antes de concluir el primer semestre del año.
Los detalles técnicos del ajuste salarial incluyen:
- Incremento directo: Alza de 3 mil 155 pesos al sueldo base.
- Sueldo final: Las percepciones mensuales base alcanzan los 8 mil 398 pesos.
- Inversión inicial: 30 millones de pesos para la primera etapa del año.
Impacto en prestaciones y seguridad social
Este fortalecimiento no solo impacta el ingreso inmediato, sino que recalibra el cálculo de beneficios secundarios y derechos laborales a largo plazo. Al elevar el salario base, se garantiza un incremento proporcional en la prima vacacional, el aguinaldo y las aportaciones para el retiro.
Asimismo, el Poder Judicial, en su calidad de patrón, absorberá el costo de la aportación del 3% sobre nómina, las cuotas del IPSSET, el servicio médico y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), evitando que el trabajador vea mermado su incremento bruto.
Justicia laboral y alineación estatal
Leal Gutiérrez subrayó que esta acción busca corregir una década de rezago salarial, alineándose con las políticas de justicia social promovidas por la administración estatal del gobernador Américo Villarreal Anaya. El objetivo final es asegurar que cada servidor público judicial reciba una remuneración acorde a la ley vigente, garantizando la estabilidad económica de quienes integran la estructura operativa del sistema de justicia en Tamaulipas.