En lo que calificó como un "manejo turbio y sospechoso", la presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, reveló el hallazgo de miles de expedientes del sistema penal tradicional que fueron intencionalmente suspendidos o ignorados, impidiendo la ejecución de órdenes de aprehensión.
Durante una jornada de inspección denominada "de orden y limpieza", se identificaron más de 3 mil expedientes en el limbo procesal. Tras una revisión exhaustiva, se confirmó que la gran mayoría corresponden a mandamientos judiciales que nunca fueron ejecutados, dejando procesos abiertos sin resolución.
Delitos graves en el olvido
La magistrada presidenta detalló que, tras filtrar los archivos, se determinó que al menos 800 expedientes cuentan con vigencia legal para recibir un nuevo impulso procesal. Lo alarmante es que estos casos incluyen delitos de alto impacto que han lacerado a la sociedad tamaulipeca por años.
“Estamos trabajando en coordinación con la Fiscalía para reactivar estos procedimientos administrativos... hay expedientes con más de 15 años de antigüedad que incluyen delitos graves como secuestro y homicidio”, enfatizó Contreras López.
¿Corrupción por omisión?
Al ser cuestionada sobre si este estancamiento masivo fue producto de actos de corrupción, la titular del Poder Judicial no descartó la posibilidad. Afirmó que ya se han dado las vistas correspondientes a los órganos de control para que se investigue a fondo si hubo una intención deliberada de proteger a los señalados mediante la inacción.
Cifras del Hallazgo | Cantidad
Total de expedientes suspendidos detectados | +3,000
Expedientes con viabilidad de reactivación | ~800
Delitos involucrados | Secuestro, homicidio, entre otros.
Antigüedad de los casos | Hasta más de 15 años.
Hacia la reactivación de la justicia
El objetivo inmediato del Poder Judicial en la capital es trabajar de la mano con la Fiscalía General de Justicia del Estado para ejecutar las órdenes pendientes. Contreras López fue clara: no habrá impunidad, sin importar el tiempo transcurrido, siempre y cuando el delito no haya prescrito bajo los términos de la ley.
Esta limpia administrativa busca restaurar la confianza ciudadana en los juzgados y garantizar que el sistema penal tradicional no sea un refugio para quienes evadieron la justicia en el pasado.