En una sesión marcada por la urgencia social, la Legislatura 66 del Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas legales para endurecer las medidas de protección a mujeres. El dictamen obliga a la habilitación de refugios de emergencia y garantiza la emisión de órdenes de protección inmediatas para víctimas de violencia en la entidad.
La iniciativa, impulsada por las diputadas Francisca Castro Armenta y Silvia Isabel Chávez Garay (Morena), surge tras semanas de exigencias por parte de colectivos y organizaciones civiles en la capital y el resto del estado, quienes demandaban acciones concretas ante el incremento de agresiones de género.
Implementación de "Refugios Seguros" en la entidad
El paquete legislativo incorpora formalmente la figura de Refugios Seguros. Estos espacios están diseñados para ofrecer auxilio habitacional y operativo inmediato a mujeres, niñas y adolescentes cuya integridad física se encuentre en peligro inminente.
Durante su intervención en la tribuna del Congreso local, Castro Armenta enfatizó que la violencia contra las mujeres debe tratarse como un problema crítico de salud pública. "Fortalece nuestro marco normativo para garantizar una protección más amplia de los derechos humanos", señaló la legisladora, subrayando que la desigualdad estructural sigue siendo la raíz de este fenómeno.
Órdenes de protección: Actuación de oficio y sin demora
Un punto clave de la reforma es la agilización de los mecanismos judiciales. A partir de ahora, las órdenes de protección deberán emitirse con carácter urgente e incluso de oficio, eliminando trabas burocráticas que anteriormente retrasaban la seguridad de la víctima.
Estas medidas incluyen protocolos estrictos bajo perspectiva de género y un seguimiento obligatorio por parte de las autoridades correspondientes. Con esto, se busca evitar que los agresores actúen bajo impunidad mientras se desarrollan los procesos de investigación.
Pese al avance legislativo, activistas en Ciudad Victoria advierten que el éxito de la reforma dependerá de la asignación presupuestal real para que los refugios operen con capacidad completa y no permanezcan únicamente como un decreto en papel.