Personal docente de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de nivel preescolar se manifestó en la capital para exigir transparencia y respeto al debido proceso en el caso de la supervisora Adriana Cervantes Chiquito. La funcionaria fue retirada de sus funciones el pasado 21 de enero tras señalamientos de presunto acoso e inconformidades administrativas.
Los maestros que respaldan a la supervisora denunciaron que el procedimiento realizado por las autoridades educativas no ha sido claro ni apegado a los protocolos establecidos. Aunque no se oponen a las investigaciones, señalan que se ha vulnerado el derecho a la defensa de la implicada y no se ha tomado en cuenta la versión del colectivo docente.
Demandan derecho de audiencia
Rosa Barrios Flores, integrante de USAER, explicó que el grupo de maestros no ha sido citado formalmente para conocer el fondo de las acusaciones presentadas por algunos directivos. Ante esta situación, exigen que se abra un espacio de diálogo donde el colectivo pueda ser escuchado.
"No estamos en contra de que se realice una investigación; al contrario, estamos abiertos a que se haga, pero consideramos que debe seguirse el protocolo adecuado y que se le permita defenderse", puntualizó la docente durante la movilización en la capital.
Impacto en la inclusión educativa
La incertidumbre laboral y administrativa en la zona está afectando directamente el trabajo de inclusión educativa que se realiza en diversos jardines de niños de Ciudad Victoria. Los manifestantes destacaron que Cervantes Chiquito cuenta con:
- 37 años de servicio docente.
- 17 años de trayectoria en el cargo de supervisora.
- Liderazgo sobre un equipo de más de cien integrantes de la zona.
Sin respuesta de la SET
Hasta el momento, los docentes señalaron que han buscado reuniones con la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) y representantes sindicales para obtener una resolución pronta, sin recibir una respuesta concreta.
El personal reiteró que mantendrán su postura hasta que se garantice un proceso justo, advirtiendo que la estabilidad del servicio de apoyo educativo en la región centro del estado depende de una solución institucional que respete la normativa vigente.