El panorama vehicular en el estado presenta un rezago histórico. De acuerdo con la Coordinación de Oficinas Fiscales, aproximadamente el 40 por ciento de los automóviles que transitan por territorio tamaulipeco lo hacen con placas vencidas o, en miles de casos, sin identificación oficial alguna.
A pesar de que el decreto federal para la regularización de unidades de procedencia extranjera concluyó en diciembre de 2025, el titular de la dependencia, Marcelo Olán Mendoza, confirmó que hasta este 18 de febrero no existe una instrucción oficial para iniciar operativos de decomiso masivo contra los vehículos que quedaron fuera del proceso.
El reto de la frontera y la seguridad
La problemática se agudiza en la zona norte del estado. Se estima que en los municipios fronterizos, de cada cinco vehículos en circulación, dos son de procedencia norteamericana que no lograron regularizarse antes del cierre de los módulos del Registro Público Vehicular (Repuve).
Esta situación no solo representa un golpe a la recaudación, sino un desafío para la seguridad pública, ya que las unidades sin registro son más difíciles de rastrear en caso de incidentes viales o actos delictivos.
¿Habrá prórroga en marzo?
Ante la elevada cantidad de unidades que no alcanzaron a cumplir con los requisitos, ha cobrado fuerza el rumor de una posible extensión del programa de regularización para el próximo mes de marzo. Sin embargo, Olán Mendoza fue enfático al calificar estas versiones como "rumores de banqueta".
“Nosotros únicamente nos basamos en lo institucional, en lo que nos den a conocer las autoridades, y por lo mismo, hasta ahora solo es un rumor”, aseveró el funcionario en la capital.
Radiografía del Padrón Vehicular en Tamaulipas
Condición del Vehículo | Estimación de Prevalencia
Circulación Irregular (Sin placas/vencidas) | 40% del total estatal
Relación en Frontera (Extranjeros vs Nacionales) | 2 de cada 5 son americanos
Estatus de Módulos REPUVE | Retirados (Cierre: Dic 2025)
Instrucción de Decomiso | No existente por el momento
Por ahora, la facultad de detener y decomisar vehículos sin documentos vigentes recae exclusivamente en las autoridades federales. El estado y los ayuntamientos, por su parte, mantienen la expectativa de un nuevo proceso que permita formalizar estas unidades, lo que traería un beneficio social y económico directo a la entidad.