El Congreso del Estado confirmó que la batalla legal contra las irregularidades en el Poder Judicial ha dado frutos. El diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, anunció que el Tribunal de Disciplina Judicial Federal inhabilitó por un año al entonces juez del séptimo distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López.
La sanción surge tras meses de señalamientos por parte de la bancada de Morena, quienes acusaban al juzgador de utilizar su cargo para emitir "amparos a la medida" en favor de exfuncionarios estatales, entorpeciendo la acción de la justicia en la entidad.
¿Por qué fue inhabilitado el juez?
La resolución del tribunal federal no deja lugar a dudas: Alvarado López incurrió en conductas graves que vulneraron la imparcialidad del sistema. Entre los puntos clave de la resolución destacan:
- Descuido Notorio: Negligencia grave en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales.
- Falta de Profesionalismo: Incumplimiento de los principios éticos y legales que rigen a un juzgador.
- Manejo Irregular de Amparos: Se acreditó que emitió acuerdos y determinaciones fuera de los procedimientos legales establecidos, especialmente en incidentes de suspensión.
"No se trataba de un señalamiento político ni de una confrontación con el Poder Judicial, se trataba de defender la legalidad, el estado de derecho y la confianza de la ciudadanía", subrayó Prieto Herrera en la capital.
El "Nuevo Poder Judicial"
Para el líder del Congreso local, esta inhabilitación es un síntoma de los cambios profundos que vive el país. Aseguró que el pasado, donde la ley se "torcía a conveniencia" para responder a intereses particulares, está quedando atrás para dar paso a una justicia que no actúe de manera selectiva.
Dato Clave | Detalle
Sancionado | Juan Fernando Alvarado López (Exjuez Séptimo Distrito)
Lugar | Reynosa, Tamaulipas
Sanción | Inhabilitación por 1 año
Motivo | Irregularidades graves en trámites de amparo
Finalmente, Prieto Herrera concluyó que este caso sienta un precedente necesario para que ningún servidor público, sin importar su nivel, se sienta por encima de la normativa aplicable en Tamaulipas.