Comprar o rentar por internet en Tamaulipas tendrá un nuevo escudo legal. En una sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, los diputados aprobaron por unanimidad una reforma al Código Penal del Estado para incluir castigos específicos contra el fraude cometido a través de plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones móviles.
La iniciativa, presentada por la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, responde a la alerta emitida por la CONDUSEF sobre el crecimiento exponencial de estafas en línea, que afectan principalmente a compradores de productos y arrendatarios de inmuebles.
Actualización del Código: Adiós a las lagunas legales
El ajuste principal se centra en la Fracción 20 del Artículo 418, donde se incorpora terminología moderna para que ningún juez pueda desestimar un caso por falta de precisión técnica.
Términos incorporados | Alcance de la Reforma
"Red de redes" | Internet en su totalidad (Sistema mundial interconectado).
Plataformas Digitales | Tiendas en línea y sitios de comercio electrónico.
Redes Sociales | Facebook, Instagram, WhatsApp y similares.
Aplicaciones Móviles | Apps de servicios, rentas o ventas directas.
El engaño digital ya es delito grave
La reforma busca sancionar a quien, utilizando estos medios, engañe o induzca al error al consumidor en operaciones de:
- Venta o renta de bienes inmuebles (falsos arrendamientos).
- Traspasos de negocios inexistentes.
- Venta de productos o servicios falsos.
“Resulta fundamental educar y proteger a los usuarios. Esta reforma dota de certeza jurídica y reconoce las nuevas modalidades delictivas, alineándonos con la Agenda 2030 de la ONU”, puntualizó Huerta Valdovinos.
Modernización necesaria: El reto del presupuesto
Durante el debate, la diputada Rosario González Flores subrayó que la ley es solo el primer paso. Para que la justicia sea real, la Fiscalía General de Justicia (FGJET) debe contar con el presupuesto necesario para actualizar sus plataformas de investigación y rastreo cibernético.
La propuesta, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía y el Poder Judicial, pasará ahora al pleno del Congreso para su aprobación definitiva y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado.