En un movimiento legislativo que busca blindar la seguridad de quienes no pueden valerse por sí mismos, el Congreso de Tamaulipas aprobó una serie de reformas al Código Penal del Estado. Las modificaciones no solo aclaran las conductas castigables, sino que endurecen las sanciones para quienes incumplan con sus responsabilidades de cuidado.
La iniciativa, impulsada originalmente por la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI) y respaldada por las legisladoras de MORENA, Guillermina Magaly Deandar y Ana Laura Huerta, marca un precedente en la protección de los derechos humanos en la entidad.
¿A quiénes protege esta nueva ley?
La reforma es específica y amplía el catálogo de sujetos protegidos. Ahora, la ley menciona de manera expresa a:
- Niñas, niños y adolescentes.
- Personas adultas mayores.
- Personas con discapacidad.
- Cualquier individuo que, por sus condiciones físicas o mentales, no pueda valerse por sí mismo.
Además, para evitar lagunas legales, el concepto de "abandono" se ha alineado con la Ley de Prevención de la Violencia Familiar, lo que permitirá a los fiscales en Ciudad Victoria y todo el estado actuar con mayor rapidez y precisión técnica durante las investigaciones.
Las Sanciones: De 1 a 7 años de prisión
El castigo por dejar en desamparo a un integrante de estos grupos vulnerables no será menor. El Código Penal establece ahora una escala de consecuencias que buscan ser un inhibidor real para esta conducta:
Tipo de Sanción | Alcance
Privación de la libertad | De 1 a 7 años de prisión.
Sanción económica | Multas proporcionales al daño y la omisión.
Agravantes | Se consideran según el parentesco y la responsabilidad legal del cuidador.
“Se fortalece el reconocimiento de los sujetos pasivos y se dota de mayor precisión al delito, brindando seguridad y certeza en su aplicación”, destacó la diputada Guillén Vicente ante el pleno.
Con este ajuste al marco jurídico, el centro del estado da un paso adelante en la defensa de la dignidad humana, asegurando que el bienestar de los más vulnerables sea una prioridad legal y no solo un discurso en este 2026.