El INE en Tamaulipas advirtió este 27 de marzo que el recorte a salarios y prestaciones de sus funcionarios, derivado del "Plan B" de la reforma electoral, podría contravenir la Constitución. La medida busca reducir los costos del sistema electoral y fijar límites salariales, lo que impactaría la operación del organismo en la capital y el estado.
Sergio Bernal Rojas, vocal Ejecutivo del INE en la entidad, señaló que la Constitución prohíbe presentar nuevamente una iniciativa que ya fue rechazada en el mismo lapso legislativo. El funcionario recordó que históricamente el instituto ha defendido ante la SCJN que sus remuneraciones son garantías de independencia y no privilegios.
¿Por qué el INE considera ilegal el recorte?
El instituto realizará un análisis técnico y jurídico para determinar las implicaciones laborales de esta medida. Bernal Rojas precisó que el ajuste presupuestal podría generar litigios por horas extras, debido a que en los procesos electorales todos los días y horas son hábiles para el personal de Ciudad Victoria y el resto del país.
El funcionario sostuvo que, en controversias anteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Cámara de Diputados debe justificar cualquier recorte de manera técnica y objetiva. Sin embargo, se ha reportado que al menos 48 funcionarios del INE perciben ingresos superiores a los de la Presidencia de la República, punto central de las críticas de la reforma.
¿Qué implica el "Plan B" para Tamaulipas?
La reforma electoral se enfoca en tres ejes: reducir los costos del sistema, fijar topes salariales a las autoridades y reconfigurar la integración de los ayuntamientos. El vocal ejecutivo insistió en que el INE buscará proteger la autonomía de la función electoral ante estos cambios que pretenden poner a "dieta" al instituto.
“La Constitución prohíbe volver a presentar una iniciativa rechazada en el mismo lapso”, enfatizó Bernal Rojas. El representante del Gobierno del Estado en materia electoral en la región concluyó que la defensa institucional continuará ante los tribunales para asegurar que la función electoral no se vea comprometida por criterios presupuestales.