A pesar de los avances legislativos de los últimos años, la comunidad LGBT+ en Tamaulipas se enfrenta a un muro de burocracia y falta de voluntad. Mercurios Espinoza del Ángel, presidente de la asociación México Igualitario, advirtió que el estado vive un panorama de riesgo y posible retroceso, donde las autoridades municipales y estatales han comenzado a ignorar las demandas de la sociedad civil.
El activista señaló que la igualdad real no se alcanzará mientras las instituciones sigan obligando a los ciudadanos a recurrir a batallas legales desgastantes para ejercer derechos que ya deberían ser automáticos.
El modelo Veracruz vs. Tamaulipas
Espinoza del Ángel puso sobre la mesa una comparación incómoda para la administración estatal. Mientras en otros estados se simplifican los procesos, en Tamaulipas se opta por la resistencia jurídica.
Estado | Modelo de Atención | Resultado
Veracruz | Vía Administrativa (Sin juicio) | Menos carga de trabajo y respeto directo a derechos.
Tamaulipas | Vía Judicial (Exige Amparo) | Desperdicio de recursos públicos y tiempo en tribunales.
"Gastan dinero en demandas que van a perder"
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el costo operativo que genera la cerrazón del Registro Civil. Según el presidente de México Igualitario, el coordinador de dicha dependencia ya tiene conocimiento de la situación, pero no ha dado el paso para eliminar los amparos obligatorios.
“Prefieren gastar tiempo y recursos en responder demandas de amparo que al final van a perder, en lugar de liberar el tiempo para atender otros trámites de la sociedad en general”, criticó Espinoza del Ángel.
Los riesgos detectados por México Igualitario:
- Invisibilización: Las manifestaciones y peticiones de la comunidad están siendo ignoradas en las agendas oficiales.
- Discriminación Administrativa: Trato diferenciado que obliga a la comunidad a pagar abogados para trámites básicos de identidad o estado civil.
- Retroceso: Temor a que los derechos ganados en papel se vuelvan letra muerta por la falta de aplicación operativa.
Para la asociación, la urgencia de este 2026 no es solo reformar leyes, sino "limpiar" la administración pública de prácticas discriminatorias que saturan el sistema judicial de forma innecesaria.