Una sanción por violencia política de género no implica la inhabilitación inmediata de una persona para competir por un cargo de elección popular en Tamaulipas. El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) precisó que la pérdida del registro depende de un análisis individual sobre la gravedad y reincidencia de la falta.
Edgar Iván Arroyo Villarreal, magistrado presidente del TRIELTAM, explicó que el proceso legal no es punitivo por defecto. “Una sanción por cualquier tipo de infracción no necesariamente genera una inhabilitación, depende de la gravedad de la falta, de la reincidencia y de un análisis completo del caso. No es automático”, señaló.
¿Cómo se determinan las sanciones?
Desde octubre de 2025, el tribunal ha conocido aproximadamente cinco casos de presunta violencia política en la entidad. Esta cifra coloca a Tamaulipas por debajo de estados como Chiapas, Veracruz u Oaxaca, donde los registros superan los 170 expedientes por este concepto.
El funcionario subrayó que la presunción de inocencia es fundamental en estos juicios en la capital y el resto del estado. “Se requiere un análisis detallado, porque muchas veces los hechos suceden en lo privado y la carga de la prueba no siempre resulta en una conclusión afirmativa”, detalló el magistrado.
¿Qué dice la ley?
Aunque no siempre derive en inhabilitación, la violencia política contra las mujeres conlleva sanciones administrativas, electorales y penales en México. Las acciones u omisiones que afecten derechos políticos se castigan según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las leyes electorales vigentes.
Al respecto, el presidente del TRIELTAM puntualizó: “Acciones u omisiones que menoscaben derechos políticos son sancionadas con multas, prisión y medidas de protección”. Finalmente, atribuyó la baja estadística local a las campañas de sensibilización del IETAM, el INE y los partidos políticos en el estado.