El Gobierno de Tamaulipas ha endurecido su postura frente a la opacidad institucional. Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, advirtió que los servidores públicos que incumplan con la transparencia y la protección de datos podrían enfrentar sanciones económicas que alcanzan los 175 mil pesos.
Para garantizar que no haya pretextos legales, la dependencia mantiene una jornada intensa de capacitación enfocada en cuatro pilares: acceso a la información pública, gestión documental, transparencia proactiva y protección de datos personales.
Vigilancia a través de nueve autoridades garantes
Pedraza Melo explicó que la estructura de vigilancia en el estado está diseñada para que ningún ente público escape a la rendición de cuentas. En Tamaulipas operan nueve autoridades garantes encargadas de supervisar que los sujetos obligados alimenten sus plataformas y respondan a la ciudadanía:
- Poder Ejecutivo: Vigila a través del órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, ente creado con autonomía técnica para generar mayor confianza y evitar conflictos de interés.
- Poderes Legislativo y Judicial: Cuentan con sus propias contralorías internas.
- Órganos Autónomos: Instituciones como la UAT, la Fiscalía General de Justicia, el IETAM, el Tribunal Electoral, la CODHET y el Tribunal de Justicia Administrativa son responsables de vigilar sus propios procesos y aplicar multas.
"Una vez capacitados, no debe haber opacidad en ninguna dependencia. Quienes incumplan con su responsabilidad pueden ser sujetos de una sanción económica que va desde los 17 mil hasta los 175 mil pesos", sentenció la secretaria en la capital.
Apertura institucional
La funcionaria subrayó que la capacitación no es opcional, sino una obligación legal. Al definir claramente las funciones de cada organismo garante, se busca eliminar las lagunas administrativas que antes permitían el ocultamiento de información.
En este 2026, la apuesta del gobierno estatal es transformar la transparencia de una simple obligación burocrática en una herramienta de confianza social, asegurando que cada solicitud de información sea atendida en tiempo y forma bajo la amenaza de repercusiones directas al bolsillo de los infractores.