El Instituto Nacional Electoral (INE) se prepara para un ajuste histórico en su nómina. Al menos 48 altos funcionarios, incluyendo a las consejerías, verán reducidas sus percepciones para cumplir con la ley y no ganar más que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo sueldo está fijado en 191 mil 846 pesos mensuales.
El consejero electoral Jorge Montaño Ventura admitió que entre 10 y 12 áreas del Instituto superan actualmente el tope salarial presidencial, con una brecha que, en el caso de la Consejera Presidenta del INE, alcanza el 36.89 por ciento por encima del sueldo bruto mensual de la mandataria.
El impacto del "Plan B"
La reestructuración derivada del Plan B no solo afectará a los 48 funcionarios de alto nivel, sino que generará un ajuste en cadena que impactará a 277 servidores públicos, desde consejeros hasta subdirectores y sus homólogos.
Sin embargo, en medio de los recortes, el INE busca blindar un esquema de compensación vital para la operatividad de las elecciones ordinarias y extraordinarias: los bonos por proceso electoral.
Bonos en lugar de horas extras
Montaño Ventura explicó que, debido a que en el INE no existe el pago de horas extras —lo cual sería financieramente insostenible—, se mantendrá la entrega de dos bonos para el personal de las 300 juntas distritales y 32 consejos locales.
“En el INE no pagamos horas extras, no nos daría el dinero. Por acuerdo es más fácil pagar un bono por el tiempo que se dedica, dado que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles (24/7)”, señaló el consejero en la capital.
Cifras de la estructura del INE:
- Plantilla Permanente: 17 mil empleados.
- Plantilla en Proceso Electoral: Asciende a casi 50 mil trabajadores.
- Áreas a ajustar: Entre 10 y 12 direcciones y consejerías.
La estrategia institucional para este 2026 es clara: acatar la austeridad en las cúpulas para garantizar que el recurso fluya hacia la base operativa que sostiene las casillas y los distritos en todo el país, asegurando que la falta de pago por jornadas extenuantes no ponga en riesgo la organización de los comicios.