Con el objetivo de cerrar espacios a la impunidad y proteger la integridad de la infancia, el Congreso de Tamaulipas se enfila a tipificar el delito de cohabitación forzada. La iniciativa, impulsada por la diputada Magaly Deandar Robinson, busca castigar penalmente a los adultos que obliguen o induzcan a menores de edad a vivir en pareja.
La legisladora por Reynosa presentó un proyecto de decreto para reformar el Código Penal de Tamaulipas (Artículos 198 Bis y 198 Bis 1), proponiendo que el estado sea pionero en sancionar estas prácticas que vulneran gravemente la dignidad y el desarrollo de los menores.
Más allá de la violencia física: El castigo a la manipulación
Uno de los puntos clave de la propuesta es el reconocimiento de que la cohabitación no siempre se impone mediante la fuerza bruta. Deandar Robinson destacó la necesidad de castigar conductas invisibles pero igualmente dañinas.
"Incorporamos nuevas conductas como la manipulación y la coerción, reconociendo que muchas veces estas prácticas no se imponen con violencia física, sino mediante presiones psicológicas o emocionales", indicó la diputada en la capital.
Agravantes para familiares
La iniciativa pone especial énfasis en el entorno cercano del menor. Al ser una conducta que usualmente ocurre dentro del núcleo familiar o por personas de confianza, se propone ampliar las agravantes del delito cuando el perpetrador tenga un parentesco o relación de tutela con la víctima.
"No podemos seguir permitiendo que la infancia les sea arrebatada, que los sueños se apaguen antes de tiempo o que el futuro de una niña o un niño sea decidido por otros", apuntó la legisladora de Morena.
Con esta reforma, Tamaulipas busca fortalecer su marco legal para evitar que acuerdos parentales o presiones sociales sigan justificando la unión de menores con adultos, una práctica que la diputada calificó como una forma de robo de identidad y futuro.