Con el fin de terminar con las distorsiones y el rezago en el cobro de impuestos inmobiliarios, comisiones del Congreso del Estado dieron luz verde a la creación de la Junta Central Catastral. Esta reforma a la Ley de Catastro busca que el valor de las casas, terrenos y edificios en Tamaulipas se asigne bajo criterios científicos y uniformes, evitando que ciudadanos con propiedades similares paguen montos injustamente distintos.
La iniciativa, impulsada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, responde a una problemática añeja en los municipios: la falta de una metodología única para valuar las propiedades, lo que genera inequidades fiscales y debilita las finanzas públicas.
¿Qué hará la nueva Junta Central?
Este nuevo órgano técnico actuará como un coordinador permanente que emitirá opiniones técnicas y establecerá los lineamientos generales para los 43 municipios. Entre sus objetivos principales destacan:
- Homologar criterios: Que el valor se determine por factores reales como ubicación, servicios y tipo de construcción, sin ocurrencias políticas.
- Modernización Digital: Se implementarán herramientas tecnológicas y procesos de digitalización en coordinación con el Registro Público de la Propiedad.
- Justicia Fiscal: Lograr que los valores catastrales reflejen la realidad del mercado inmobiliario actual.
“Esta propuesta atiende una problemática real: la falta de criterios homogéneos ha generado rezagos e inequidades en las contribuciones. Buscamos un sistema más justo y transparente”, señaló Vargas Fernández en la capital.
Respeto a la Autonomía Municipal
Ante las posibles dudas sobre el control de los recursos, el dictamen es claro: la nueva Junta no invade la autonomía de los ayuntamientos. Los municipios conservarán su facultad constitucional para aprobar sus tablas de valores; la Junta solo proveerá la base técnica y la coordinación para que estas decisiones sean sólidas y legales.
El siguiente paso
La reforma, que ya cuenta con el aval técnico del Instituto Registral y Catastral del Estado, será turnada al Pleno del Congreso para su votación final. De aprobarse, Tamaulipas dará un paso clave hacia una planeación urbana más eficiente y una recaudación municipal más equitativa en este 2026.