Un fallo de un Tribunal Colegiado ha puesto fin a una práctica común en las terminales de autobuses de Tamaulipas: las líneas de transporte comercial ya no podrán exigir documentos migratorios a sus pasajeros. No obstante, esta resolución no impide que el Instituto Nacional de Migración (INM) mantenga sus operativos y filtros de revisión en carreteras y centrales.
Juan José Rodríguez Alvarado, director del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), explicó que la resolución judicial aclara las facultades de cada actor, subrayando que las empresas privadas no pueden actuar como "filtros" de la autoridad.
Libre tránsito vs. Verificación
El funcionario estatal recordó que el artículo 11 constitucional garantiza el libre tránsito en México, aunque faculta exclusivamente al INM para realizar verificaciones migratorias.
"No se está impidiendo que el Instituto ejerza su facultad de verificación; se está impidiendo una función que de ninguna manera puede estar delegada a una línea de autobuses", señaló Rodríguez Alvarado en la capital.
Puntos clave de la resolución:
- Empresas de Transporte: Pueden solicitar una identificación oficial (como el INE) para acreditar la identidad de quien aborda la unidad por seguridad, pero tienen prohibido exigir documentos que acrediten la estancia legal en el país.
- Instituto Nacional de Migración: Mantiene la facultad exclusiva de instalar filtros en centrales camioneras y carreteras para verificar el estatus migratorio de extranjeros.
- Antecedentes: Entre 2019 y 2021, el INM instruyó a las líneas de autobuses a negar el servicio a quienes no acreditaran estancia regular, instrucción que ahora ha sido declarada inconstitucional.
El rol del ITM
Rodríguez Alvarado precisó que, mientras el INM decide dónde y por cuánto tiempo se instalan los puntos de revisión en ciudades sin puentes internacionales, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes se limita a brindar información y asistencia a las personas en tránsito.
Con este fallo, se busca proteger los derechos humanos y el principio de libertad de movimiento, evitando que personal de empresas privadas determine la situación jurídica de las personas extranjeras en este 2026.