El Gobierno de Tamaulipas mantiene abierta una cacería legal para localizar una cantidad importante de vehículos oficiales que "desaparecieron" durante la transición de gobierno. La titular de la Secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, confirmó que ante la falta de rastro físico de estas unidades, se ha interpuesto una denuncia formal.
La denuncia de hechos, que se encuentra en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Contraloría), incluye un listado detallado con tipo, versión y modelo de las unidades que no fueron localizadas en bodegas ni estacionamientos oficiales tras el proceso de entrega-recepción.
Limpieza de bodegas: Van por la venta de chatarra
A la par de la investigación por las unidades extraviadas, la administración estatal ha puesto en marcha un plan de "limpieza" para deshacerse de vehículos y muebles que ya no tienen vida útil.
Manautou Galván explicó que, por primera vez, existen lineamientos claros para el destino final de estos bienes, lo que permitirá poner a la venta más de 100 unidades consideradas chatarra, cuyo costo de reparación superaría su valor real.
“No había lineamientos para el destino final de los bienes, pero una vez que entraron en vigor iniciamos el proceso con la chatarra e inservibles que solo ocupan espacio en las bodegas”, apuntó la funcionaria en la capital.
El proceso de baja y subasta
Cada expediente está siendo auditado minuciosamente por la Secretaría Anticorrupción para dar validez al proceso de baja definitiva del padrón o su posterior venta al público.
- Revisión: Se verifica que las unidades realmente no tengan posibilidad de reparación.
- Transparencia: Existe un expediente individual por cada vehículo o mueble catalogado como inservible.
- Objetivo: Desahogar los espacios de almacenamiento del Gobierno del Estado y recuperar una parte del valor residual de los bienes.
Aunque la funcionaria no precisó la cifra exacta de la recaudación esperada, subrayó que el dictamen ya está avanzado y permitirá una administración más eficiente de los activos estatales, eliminando activos que solo generaban costos de resguardo.