En una medida drástica para garantizar la transparencia, el Gobierno del Estado ha iniciado un cotejo masivo entre su nómina de empleados —incluyendo órganos descentralizados y autónomos— y el padrón de proveedores. La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, confirmó que esta acción ha permitido detectar y frenar varios intentos de simulación de compras.
El objetivo es evitar que burócratas en funciones participen en la venta de bienes y servicios al propio gobierno, incurriendo en conflictos de interés y presuntos actos de corrupción.
Investigación a fondo: Actas y Socios
La funcionaria explicó que no se trata de una revisión superficial; la dependencia está investigando minuciosamente la estructura de cada empresa que aspira a un contrato estatal.
“Ese padrón de proveedores se cruza contra la nómina para que no haya trabajadores participando. Estamos checando actas constitutivas, quiénes son los socios, representantes legales y hasta dónde están ubicados físicamente”, sostuvo Manautou Galván en la capital.
Hallazgos principales:
- Simulación de Competencia: Se detectaron casos donde varias empresas que competían en la misma licitación compartían los mismos socios o representantes legales.
- Concentración de Contratos: Intentos de grupos vinculados por acaparar adjudicaciones millonarias.
- Descalificación Inmediata: Ante la detección de coincidencias o nexos con la nómina gubernamental, las propuestas han sido desechadas en la fase preventiva.
Vigilancia en contratos de alto impacto
Actualmente, la Secretaría de Administración se encuentra en procesos críticos de licitación, entre los que destacan la adquisición de vales de gasolina para toda la estructura operativa del gobierno, así como la compra masiva de despensas destinadas a combatir la pobreza alimentaria en el estado.
Manautou Galván reconoció que estas prácticas de simulación son "comunes", lo que ha obligado al Estado a blindar sus mecanismos de control. Con estas auditorías preventivas, se busca asegurar que los recursos públicos lleguen a empresas legítimas y con capacidad técnica, cerrando la puerta a empresas "fantasma" o negocios vinculados a servidores públicos en este 2026.