La transparencia en Tamaulipas no es opcional, y quienes la ignoran están pagando las consecuencias con su carrera profesional. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, durante el último año, se inhabilitó a 30 personas para desempeñar cualquier cargo en la administración pública tras haber sido omisas en su declaración patrimonial y de intereses.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, detalló que estas sanciones forman parte de un paquete de 61 castigos administrativos aplicados a trabajadores que incumplieron con sus obligaciones legales de rendición de cuentas.
El costo de la omisión
La funcionaria explicó que las faltas se dividieron principalmente en dos grupos:
- Omisión de modificación: 31 servidores no reportaron en tiempo y forma los cambios anuales en sus bienes.
- Omisión por conclusión: El resto de los sancionados no presentó su declaración final al dejar sus funciones.
“Tenemos que informar si hubo un cambio en nuestro patrimonio, deudas o inversiones. Eso se hace cada año en la modalidad de modificación. Al no hacerlo, cayeron en la conducta de omisión y la ley nos faculta para sancionar”, precisó Pedraza Melo en la capital.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas, las sanciones por estas faltas "no graves" pueden escalar desde una amonestación privada o pública, hasta la suspensión, destitución o la inhabilitación definitiva.
Llamado urgente: Mayo es el mes
Ante el inicio del nuevo ciclo fiscal, la secretaria lanzó un llamado a todos los servidores del Poder Ejecutivo para que preparen sus datos. A partir del 1 de mayo se abre el sistema para la declaración anual de 2026.
Pasos para cumplir:
- Plataforma: Ingresar a declaranet.tamaulipas.gob.mx.
- Documentación: Tener a la mano estados de cuenta, escrituras o facturas de bienes adquiridos en el último año.
- Plazo: Realizar el trámite durante el mes de mayo para evitar la apertura de expedientes de investigación.
“Entre más pronto podamos cumplir con esta obligación, será mejor para todos; así evitamos temas de expedientes o investigaciones innecesarias”, concluyó la funcionaria, recordando que la vigilancia será estricta para asegurar que el patrimonio de los servidores públicos coincida con sus ingresos legales.