El combate a la corrupción dentro del Poder Judicial del Estado (PJE) ha pasado del discurso a los hechos. La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, confirmó la suspensión y remoción de cuatro servidores públicos que se apartaron de la legalidad en sus funciones.
Estas acciones forman parte de una estrategia de depuración interna que busca recuperar la confianza de la sociedad y responder a las exigencias de cámaras empresariales y colegios de abogados.
"Fuera de la ley hay consecuencias"
Contreras López fue clara al señalar que no se tolerarán actos que afecten los intereses de la institución ni el servicio a los ciudadanos. Además de las cuatro bajas confirmadas, la administración estatal mantiene bajo investigación diversas denuncias heredadas de la gestión anterior.
“Esta administración ha suspendido o removido a cuatro servidores públicos que se apartaron de su actuar. Tenemos además en proceso de sustanciación todas las denuncias que se recibieron de la administración pasada”, precisó la magistrada en la capital.
Demandas del sector profesional y empresarial:
- Cero impunidad: Exigencia de castigar cualquier acto de corrupción.
- Transparencia: No se piden tratos especiales en juicios, sino una justicia pronta y expedita.
- Colaboración: Construir un sistema judicial que beneficie al desarrollo económico del estado.
Nueva Dirección de Atención Ciudadana
Como parte de los compromisos asumidos desde octubre de 2025, el Poder Judicial estrenó una unidad administrativa inédita en su historia: la Dirección de Atención Ciudadana.
Este nuevo organismo permite que cualquier persona que se acerque al PJE no solo entregue una petición, sino que reciba un seguimiento real y cuantificable de su caso. "Cuando llegamos, nunca había existido una unidad de esta naturaleza; hoy nos permite dar respuestas tangibles y medibles a la gente que toca nuestra puerta", concluyó Tania Contreras.