Con el objetivo de poner fin a las denuncias por extorsión y abuso de autoridad, el Observatorio Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos en Tamaulipas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para obligar, por ley, que los elementos de Tránsito Municipal y la Guardia Estatal utilicen cámaras de solapa de manera permanente.
La propuesta, entregada desde febrero, busca que tanto el equipo personal de los agentes como las patrullas cuenten con sistemas de grabación obligatorios en todo el estado, permitiendo que cada interacción con la ciudadanía quede registrada y sirva como evidencia ante posibles irregularidades.
El "Termómetro de la Justicia"
Alejandro Reyes Zúñiga, presidente de la organización, informó que han puesto en marcha un tablero digital alineado con normativas de las Naciones Unidas. Esta herramienta permite medir en tiempo real las denuncias contra dependencias de seguridad y justicia, funcionando como un detector de malas prácticas.
"Proponemos que sea obligatorio por ley en todo el estado. A raíz de las quejas ciudadanas, monitoreamos a Tránsito para ver si logran un cambio positivo respetando los derechos humanos", señaló el dirigente en la capital.
Las estadísticas del abuso
Las cifras del Observatorio justifican la urgencia de la reforma. Durante el año pasado, la Dirección de Tránsito de Ciudad Victoria acumuló 266 quejas por violación a los derechos humanos, encabezando la lista de dependencias con más señalamientos por:
- Extorsión a conductores.
- Abuso de autoridad.
- Lesiones.
El contraste de Semana Santa
Aunque el primer trimestre de 2026 mantiene una tendencia alta de quejas, Reyes Zúñiga destacó un comportamiento inusual durante el pasado periodo vacacional.
"En Semana Santa no hubo quejas en contra de los agentes de tránsito en Ciudad Victoria, excepto una. Las denuncias se concentraron más en el aumento de precios de servicios y alimentos", detalló el activista, sugiriendo que la vigilancia ciudadana podría estar influyendo en el comportamiento de los oficiales.
Con esta reforma, el Observatorio Ciudadano busca que la transparencia deje de ser una opción y se convierta en una obligación legal que proteja tanto al ciudadano como al buen elemento policial.