A pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió oficialmente que el mega derrame de hidrocarburos originado en Campeche contaminó las costas de Tamaulipas, los pescadores de la entidad han sido ignorados en el reparto de apoyos económicos federales.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó que la mancha de hidrocarburo se extendió por 630 kilómetros del litoral del Golfo de México. Esta contaminación alcanzó las playas tamaulipecas justo durante el pico vacacional de Semana Santa, afectando tanto al turismo como a la biodiversidad local.
Limpieza masiva, pero sin desglose local
Según el reporte oficial, Pemex ha recolectado 915 toneladas de residuos (mezcla de hidrocarburo, arena y sargazo) en 48 playas del país. Aunque se realizaron mil recorridos en 173 localidades —incluyendo campamentos tortugueros de Tamaulipas—, la paraestatal no ha detallado cuántas toneladas de crudo fueron retiradas específicamente de las costas tamaulipecas.
El "olvido" de Bienpesca
La indignación en el sector pesquero de Tamaulipas creció luego de que autoridades federales anunciaran la entrega de apoyos del programa Bienpesca por un monto de 15 mil pesos. Sin embargo, el beneficio fue dirigido exclusivamente a 3 mil 379 pescadores de Veracruz y Tabasco, dejando en el limbo a los trabajadores de nuestro estado.
Cifras de la contingencia:
- Contaminación: 630 km de litoral afectados en el Golfo de México.
- Limpieza: 915 toneladas de desechos recolectadas a nivel regional.
- Apoyo: $15,000 pesos por pescador (entregado solo en otros estados).
- Mortandad: Reportan pérdida importante de peces en el sistema lagunario del Chairel (PAUT).
Doble golpe al sector
A la falta de apoyo federal se suma el reporte de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas, que alertó sobre una mortandad masiva de peces en el Sistema Lagunario del Chairel, lo que agrava la crisis económica para las familias que dependen de la pesca en la zona sur.
Hasta este 17 de abril, los pescadores tamaulipecos permanecen en la incertidumbre, exigiendo que el reconocimiento del daño ambiental se traduzca en la misma compensación económica que ya reciben sus homólogos en los estados vecinos.