El dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, busca obtener fuero constitucional mediante una diputación plurinominal para protegerse de denuncias penales por presunta venta de plazas y manejo irregular de recursos.
Miguel Ángel Tovar Tapia, presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia, acusó al líder magisterial de utilizar al sindicato para beneficio personal. Aseguró que la intención de Rodríguez Treviño es conseguir inmunidad legal en la segunda circunscripción electoral ante los señalamientos en su contra.
“Que no mienta Arnulfo, lo que busca es una protección a través de un fuero, posiblemente con una diputación plurinominal dentro de la segunda circunscripción… si no tuviera cola que le pisen, Arnulfo no tendría miedo”, subrayó Tovar Tapia. El representante explicó que el cargo serviría para retrasar procesos por presunto fraude.
¿Qué procesos enfrenta su equipo?
Durante la denuncia, se señalaron abusos atribuidos a Ulises Ruiz, secretario particular del dirigente, quien presuntamente afecta los derechos de los docentes en la capital. Tovar Tapia afirmó que Ruiz tiene un proceso penal pendiente por violencia de género y se encuentra vinculado a proceso.
“Ulises Ruiz tiene un proceso penal pendiente por violencia de género. Por lo más seguro es que lo vaya a sacrificar… Ulises tiene una carpeta debidamente integrada, está vinculado a proceso y constantemente amenaza y presiona a las víctimas para que se desistan de la demanda”, afirmó.
Antecedentes de doble función
El representante recordó que en la Sección 30 existen precedentes de líderes que buscaron ocupar cargos sindicales y legislativos simultáneamente. Citó el caso del exsecretario Rafael Méndez, donde el Tribunal Federal falló a favor del magisterio, obligando al implicado a elegir entre ambas funciones.
“Ese precedente demuestra que no se puede jugar con doble función”, concluyó Tovar Tapia. El dirigente de la sociedad civil insistió en la necesidad de realizar una elección transparente dentro del sindicato, sin votos condicionados ni fraudes, para garantizar que se cuiden los intereses de los maestros.