La presidenta del Poder Judicial en Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, calificó como una buena decisión que en 25 estados del país se aplace para el año 2028 la renovación de cargos locales en el ámbito jurisdiccional. El planteamiento busca dar viabilidad a la reforma y evitar complicaciones en los procesos democráticos.
A casi un año de la elección judicial efectuada en el estado en junio 2025, la funcionaria consideró que existen aspectos que deben reforzarse debido a que toda obra humana es perfectible.
Motivos del cambio de fecha
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) destacó que uno de los principales motivos para mover la fecha de 2027 a junio de 2028 es evitar que coincidan las elecciones judiciales con los comicios para gubernaturas, congresos locales y alcaldías, lo que saturaría las casillas y complicaría la logística electoral.
“Yo creo que es viable aplazarlo porque recordemos que en el 25 solo 4 estados de la República decidieron renovar en su totalidad el Poder Judicial los demás lo aplazaron en el 27 quizás sin considerar que se iba a empatar con la elección política y hoy están viendo la complejidad que vivimos en el 25, están buscando la manera de llevarla a un ejercicio de manera independiente”, explicó.
Impacto en la democracia local
La titular de la judicatura sostuvo que la separación de las jornadas electorales resulta benéfica para el conocimiento ciudadano sobre las propuestas vigentes en las urnas.
“Es sano para la ciudadanía que conozca de manera individual la experiencia de la elección judicial como primer ejercicio, es sano y será benéfico para la democracia en el país que se postergue la elección programada para el 27 y que será el 28”, afirmó.
Balance del proceso en Tamaulipas
Tania Gisela Contreras López manifestó que, a un año del ejercicio local, la renovación del organismo ha permitido integrar diferentes perfiles en la impartición de justicia de la entidad federativa.
La funcionaria detalló que aproximadamente el 50 por ciento de los juzgadores provienen de la carrera judicial, mientras que el resto corresponde a personas que participaron en otros ámbitos del derecho, lo que a su consideración suma a la calidad del servicio que se presta en el estado.