Los procesos de evaluación y supervisión a los 228 juzgadores del Poder Judicial del Estado avanzan significativamente, por lo que los resultados del Tribunal de Disciplina posiblemente se tendrán antes de julio. Este procedimiento impacta en Ciudad Victoria y la entidad al buscar el mejoramiento de la productividad y el abatimiento del rezago de expedientes en los órganos jurisdiccionales.
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, destacó que este proceso de evaluación tiene como propósito fortalecer la profesionalización de quienes imparten justicia, asegurar la calidad del desempeño judicial y mejorar la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
“Son positivos y avanzan significativamente... y hablo por Tamaulipas, han redoblado sus esfuerzos para mejorar su productividad a partir del uno de septiembre pasado”, precisó Tania Gisela Contreras López.
El plan de trabajo tiene como objetivo principal abatir el rezago en todos los órganos jurisdiccionales a la brevedad. Para cumplir con esta meta en tiempo y forma, se atenderán las necesidades que tienen los juzgados y tribunales en materia de tecnología, recursos materiales y humanos.
La presidenta del Poder Judicial citó particularmente el tema del nuevo modelo de justicia civil y familiar que entrará en vigor en 2027.
“Y para ello necesitamos que la gente esté capacitada para generar una justicia mucho más expedita, más cercana y más ágil”, explicó.
¿Cuándo?
A partir del mes de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) capacita a jueces, magistrados y a secretarios en las nuevas disposiciones legales.
“Y esto permitirá que en julio que hayamos terminado la certificación podamos desdoblar a partir de nuestros esfuerzos propios la capacitación hacia el foro litigante”, destacó la funcionaria en entrevista.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares incorpora al gremio notarial como un actor clave en la aplicación de sus disposiciones, al asignarle funciones que contribuyen a la formalización de actos jurídicos, la prevención de conflictos y la reducción de la carga judicial, con el fin de agilizar el acceso a la justicia.