A cuatro meses de que inicie el proceso electoral, las fuerzas políticas no cuentan con métodos para garantizar que sus aspirantes a un cargo público no tengan vínculos con organizaciones criminales, por lo que es responsabilidad de los partidos políticos blindar las elecciones contra actividades delincuenciales.
El consejero presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, subrayó que los partidos son responsables de la selección de sus perfiles, por lo que consideró viable que para el proceso 2027 se obligue a los aspirantes a firmar una carta de conformidad para ser evaluados.
“Cualquier iniciativa orientada a blindar las elecciones contra perfiles vinculados con recursos ilícitos o grupos delictivos debe analizarse a profundidad en el Congreso de la Unión, con participación de especialistas y todas las fuerzas políticas”, sostuvo Sergio Bernal Rojas tras respaldar la propuesta de reforma.
¿En qué consiste la propuesta?
La iniciativa presentada por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. Este nuevo órgano dependería directamente del INE y se integraría por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General para un periodo de tres años.
La implementación de este filtro de seguridad formaba parte originalmente de la iniciativa de reforma electoral conocida como "Plan A", la cual no fue aprobada en su momento por el Poder Legislativo.
¿Cómo opera el control actualmente?
El funcionario electoral explicó que el INE es respetuoso del proceso legislativo y esperará el contenido definitivo para conocer las nuevas atribuciones del organismo, aunque recordó que ya existen mecanismos de vigilancia en el uso del dinero durante las campañas de la capital y el país.
“Siempre hay espacios de mejora…en los últimos años las reformas implementadas han permitido perfeccionar gradualmente la democracia en México”, enfatizó.
Actualmente, el INE realiza el seguimiento a los recursos bancarizados mediante la Unidad Técnica de Fiscalización, apoyándose en información proporcionada por instituciones federales para verificar el origen lícito del financiamiento de los candidatos.