La reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aprobada entre finales de 2025 y principios de 2026, ha generado fuertes críticas por parte de la senadora tamaulipeca Imelda San Miguel Sánchez. La legisladora, quien votó en contra de la iniciativa, sostuvo que las modificaciones legales debilitan los contrapesos institucionales y reducen el papel del tribunal como instancia independiente frente a la autoridad.
San Miguel Sánchez advirtió que este escenario impacta directamente en la certeza jurídica, reflejando una tendencia hacia la concentración de poder y la disminución de los mecanismos de control dentro del sistema de justicia administrativa en el país.
Argumentos de la legisladora
La senadora calificó la reforma como un retroceso para los derechos de la población. “El centro de la reforma es totalmente perverso y fortalece al gobierno de los servidores públicos en perjuicio de la ciudadanía. Esta pésima reforma rompe su equilibrio, afecta la certeza jurídica y refleja una vocación autoritaria”, señaló.
Asimismo, expresó que la modificación legislativa no atiende los problemas de fondo que enfrentan quienes buscan emprender o realizar actividades económicas. “Cada vez cuesta más abrir un negocio sin tener que dar sobornos... Ojalá que la reforma quede congelada porque no es para el bien de los ciudadanos”, enfatizó.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tiene como objetivos declarados:
- Agilizar los juicios mediante plazos más cortos.
- Impulsar la justicia digital para modernizar el tribunal.
Sin embargo, desde el Partido Acción Nacional (PAN) se ha alertado que estos cambios implican una concentración de facultades excesiva, restricciones al derecho de defensa de los particulares y una ampliación de las atribuciones de las autoridades fiscales, lo que podría comprometer la seguridad jurídica de los contribuyentes ante los juicios administrativos.