Los partidos políticos son los responsables directos de generar filtros para elegir a sus candidatos y evitar la infiltración del crimen organizado, aseveró el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez. La precisión importa al victorense hoy porque define los criterios de selección de las y los aspirantes que buscarán cargos de elección popular en Ciudad Victoria y el estado en los próximos comicios.
El funcionario estatal explicó que si bien los organismos electorales como el INE o el IETAM podrán solicitar las hojas de vida a las instancias de seguridad, la decisión final de postular perfiles sin vínculos delictivos recaerá en cada instituto político.
¿Cómo funciona la verificación?
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE operará como una herramienta para identificar nexos o pactos con la delincuencia. Los organismos electorales podrán solicitar información de los aspirantes ante las siguientes dependencias de control patrimonial y penal:
- Fiscalía General de Justicia del Estado
- Secretaría de Seguridad Pública
- Instituto Catastral y Registral de Tamaulipas
- Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE)
“La idea es que cada día que exista una elección se cuente con candidatos, que no solamente sean populares a un nivel partidista, cuyos criterios de selección cada partido los implemente, pero que tengan la opción de revisar quien es quien”, explicó Rómulo Pérez Sánchez.
El subsecretario sostuvo que la medida implementada por el INE es estrictamente administrativa y no punitiva, lo que significa que legalmente no se les impedirá el registro y quedará bajo el criterio de cada partido político el uso de dicha herramienta a partir de las elecciones del 2027.
“Es una herramienta que se le va a poner a los partidos, esta Comisión especial de Verificación de Candidaturas, ya cada partido determinará si realmente quiere verificar la hoja de vida de cada uno de los que aspiran a un cargo de elección popular, a partir del 2027”, resaltó.
Los ciudadanos que aspiren a una precandidatura o candidatura en la capital o la entidad deberán firmar de manera obligatoria un acuerdo que permita su evaluación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de Justicia.