Al cumplirse un año del caso Grupo Fugitivo, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Eduardo Govea Orozco, sostuvo que las investigaciones siguen vigentes y que la institución implementa medidas para garantizar la total confiabilidad en los procesos de identificación forense. "Ayer mencionaba yo que no es un caso cerrado por su propia naturaleza", puntualizó el funcionario.
Aunque reconoció que por ahora no hay datos adicionales que puedan hacerse públicos, el fiscal aseguró que el expediente no se ha abandonado y que se toman acciones preventivas y correctivas para que los procedimientos de identificación cuenten con la certeza que la gravedad del caso amerita. También afirmó que la atención a los familiares de las víctimas se mantiene a través de las áreas responsables.
El trasfondo: un caso que las familias nunca dieron por resuelto
El énfasis del fiscal en la "confiabilidad" forense no es casual, y aquí está el contexto que da sentido a sus palabras. Cuando la Fiscalía presentó su versión en 2025, los familiares de los músicos cuestionaron las conclusiones oficiales. <cite index="36-1">Denunciaron la falta de evidencia directa —como ropa, identificaciones o restos óseos plenamente ligados a los músicos— y sostuvieron que la autoridad sustentó su deducción en objetos hallados en el sitio.</cite> <cite index="41-1">El reclamo derivó en bloqueos de puentes internacionales y vigilias, con familias que exigieron pruebas de ADN antes de aceptar la versión.</cite> Visto así, la promesa actual de reforzar la certeza forense responde directamente a ese reclamo que marcó al caso desde el inicio.
Conviene recordar el dato técnico que alimentó la inconformidad: <cite index="37-1">de las cinco víctimas, tres fueron identificadas mediante pruebas científicas, mientras que los restos de las dos restantes permanecían en análisis debido al alto nivel de calcinación.</cite>
Mandamientos judiciales: depuración, no reactivación
En un segundo tema, Govea Orozco abordó el rezago en la ejecución de órdenes judiciales en el estado. Aclaró que, más que reactivar órdenes de aprehensión, la FGJE realiza un proceso de actualización y depuración de sus bases de datos. "Lo que estamos haciendo es efectivamente actualizar las bases de datos de mandamientos judiciales. Estamos conciliando el estatus estadístico tanto del Poder Judicial como el de la Fiscalía para que las cifras coincidan", explicó.
El fiscal detalló que estos mandamientos —mencionados previamente por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial— requieren un análisis caso por caso: algunos podrían seguir vigentes, otros haber prescrito por el paso del tiempo y otros más ya haberse ejecutado sin que el registro se actualizara. Adelantó que se darán a conocer cifras precisas una vez concluido el análisis estadístico.
Lo que queda pendiente
A doce meses de uno de los crímenes que más conmocionaron a Tamaulipas, el mensaje de la Fiscalía es de continuidad más que de resolución: el caso sigue abierto, la identificación forense busca blindarse, y las cifras sobre mandamientos judiciales aún se están afinando. Para las familias que desde el primer día pidieron certezas, la pregunta de fondo permanece: si las nuevas medidas forenses lograrán darles, por fin, las respuestas que han reclamado durante todo un año.