La advertencia gana peso por quién la hace. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, diputada local del PRI y notaria pública en activo, alertó que en Tamaulipas "operan verdaderas mafias inmobiliarias" que despojan a los ciudadanos de su patrimonio mediante documentos falsos y, en algunos casos, con la complicidad de notarios. Que la denuncia provenga de una integrante del propio gremio notarial le otorga una autoridad que pocas voces tienen sobre el tema.
La legisladora vinculó su señalamiento a la reciente reforma a la Ley del Notariado, que a su juicio representa la herramienta que faltaba: la modificación otorga mayores facultades a la Subsecretaría de Gobierno y al Archivo de Notarías para supervisar la función notarial y sancionar irregularidades.
El modus operandi del despojo
Según explicó la diputada, estas redes operan con un catálogo de documentación apócrifa. El esquema incluye el uso de pasaportes, credenciales de elector, escrituras y testamentos falsos, con los que se concretan ventas irregulares de terrenos y viviendas. "Hay acuerdos entre notarios y compradores o vendedores para quitarle a la gente sus propiedades", afirmó.
Como notaria, Guillén Vicente fue más allá y apuntó que dentro del gremio se conoce quiénes trabajan al margen de la ley. "Entre notarios sabemos quiénes operan o trabajan al margen de la ley, es como los médicos, saben quién es bueno y quién no", explicó, señalando que en municipios como Reynosa y en el sur del estado hay fedatarios identificados por malas prácticas.
Los números del gremio notarial
El señalamiento tiene respaldo en cifras del propio sector. De acuerdo con datos del Colegio de Notarios, en Tamaulipas ejercen alrededor de 300 fedatarios, de los cuales entre 20 y 24 están bajo investigación por presuntos despojos y fraudes. Es decir, cerca de uno de cada quince notarios del estado enfrenta algún tipo de indagatoria, una proporción que dimensiona el problema que describe la legisladora.
Quiénes pagan el precio
La diputada subrayó que las víctimas no son al azar: los despojos golpean principalmente a adultos mayores y a familias en situación vulnerable, para quienes una casa suele ser el único patrimonio acumulado en toda una vida. "Lo único que tiene la mayoría de las personas es su casa; proteger ese patrimonio es proteger la dignidad misma", expresó.
Guillén Vicente, que en el pasado se desempeñó como secretaria General de Gobierno y en la Procuraduría estatal, comparó el panorama de entonces con el actual: en aquellos años, dijo, los casos eran menores, mientras que hoy la problemática se ha agudizado.
El llamado: que la ley no se quede en el papel
Más que un diagnóstico, el mensaje de la legisladora terminó en una exigencia concreta a las autoridades estatales: aplicar la ley sin demora ahora que la reforma ya entrega los instrumentos para hacerlo. "Lo importante es que ahora ya existe el instrumento legal para actuar con rapidez", remató. El reto, dejó entrever, ya no es legislativo sino de voluntad para usar las nuevas facultades contra los notarios señalados.