Denuncias por presuntos faltantes superan los 14 mdp en ITCA e INDE
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas, confirmó la presentación de denuncias y expedientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por presuntas faltas graves en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) y el Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE). Estas irregularidades suman más de 14 millones de pesos.
Las investigaciones administrativas señalaron que el ITCA presenta observaciones financieras por ocho millones de pesos relativos a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023. “La obligación institucional es aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas cuando se presume una falta grave; si de ello se desprende una conducta tipificada como delito, corresponde a la autoridad investigadora presentar la denuncia ante la Fiscalía”, explicó Pedraza Melo.
Las observaciones surgieron de una auditoría practicada al ITCA. Se identificaron inconsistencias en el manejo de recursos públicos y presuntos actos irregulares realizados entre octubre de 2022 y agosto de 2024, etapa en la que Brenda Denisse de la Cruz López dirigió el organismo cultural.
El INDE también fue observado, con anomalías por poco más de seis millones de pesos en la cuenta pública 2023. Ante esto, se interpusieron denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Justicia Administrativa. Pedraza Melo indicó que “los expedientes correspondientes a esta anomalía (vinculada a la administración pasada) también fueron turnados al Tribunal para dar continuidad al proceso sancionatorio”.
Desarrollo de procesos y posibles sanciones
Pedraza Melo señaló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en casos de faltas no graves, aplica las sanciones que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas: amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, suspensiones, destituciones o inhabilitaciones.
La funcionaria precisó que la Secretaría solo puede inhabilitar a un servidor público hasta por un año cuando se determina que la falta no es grave. Por faltas graves, estas se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución.
El Tribunal de Justicia Administrativa definirá las sanciones económicas o administrativas que correspondan. Por su parte, la FECC determinará si existen responsabilidades de carácter penal contra quienes resulten responsables. El resto de los expedientes en revisión continúan su proceso en ambas instituciones.